En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el Senado de Entre Ríos dictaminó favorablemente el proyecto de ley que establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública. La iniciativa, que reglamenta de manera directa los artículos 37 y 40 de la Constitución Provincial, contó con el consenso de los bloques políticos tras incorporar una serie de modificaciones al texto original enviado por el Poder Ejecutivo.
El encuentro fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Nancy Miranda y Juan Pablo Cosso, contando además con la participación de senadores de los distintos espacios representados en la Cámara Alta. Tras intensas jornadas de análisis que incluyeron un intercambio fluido con el secretario de Justicia, Julián Maneiro, los legisladores acordaron una redacción final estructurada en cuatro títulos, cuatro capítulos y 39 artículos.
Entre las reformas centrales introducidas al proyecto destaca el nuevo esquema para las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, las cuales quedarán divididas en un apartado de acceso público y otro de carácter confidencial para el resguardo de datos sensibles.
Asimismo, se reconfiguró el apartado de «ficha limpia» para sumar un listado más amplio de delitos que impiden el acceso a cargos estatales y se estableció el principio de doble conforme, exigiendo que toda condena judicial cuente con la revisión de al menos dos instancias para fundamentar la inhabilitación.
La normativa establece un marco obligatorio de deberes, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades aplicable a todas las personas que ejerzan funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en organismos de control, entes autárquicos, empresas públicas, municipios, comunas y juntas de gobierno de la provincia.
El texto firmado ingresará formalmente en el temario de la próxima sesión parlamentaria y se prevé su votación en el recinto para la jornada del 11 de noviembre, tras lo cual deberá retornar en revisión a la Cámara de Diputados para evaluar si se ratifican las modificaciones aprobadas.