La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó el análisis de la reforma del Código Procesal Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa contempla cambios en la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias. También fue girada a la Comisión de Trabajo.
De la reunión también participaron el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Santiago Esquivel; el director del Instituto de Derecho del Trabajo de esa entidad, José Ruiz; y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), Edgardo Oneto, José María González y Mariela Gras. También asistió la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara, María Alejandra Viola.
Del mismo modo, en representación del Poder Ejecutivo, participaron el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Secretaría General de la Gobernación, Matías Plugoboy, y el coordinador Legal y Administrativo del mismo organismo, Jorge Yuri. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso no pudo asistir por motivos de agenda. La propuesta busca fortalecer las garantías del debido proceso y adecuar el sistema de pericias médicas a la legislación nacional en causas por riesgos del trabajo.
Entre sus principales modificaciones, elimina la exigencia de depositar el capital de condena o garantizarlo mediante bienes como condición para que el empleador acceda al recurso de apelación. De este modo, la admisibilidad de la revisión dependería de “requisitos procesales objetivos”, sin barreras patrimoniales para acceder a una instancia superior. Otro de los ejes del proyecto es la creación de tres cargos para conformar un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en el Poder Judicial.
Sus integrantes -de acuerdo a la propuesta- accederían mediante un concurso público de oposición y antecedentes y percibirían una remuneración fija. El esquema apunta a garantizar la independencia profesional, la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y una mayor rigurosidad técnica en los dictámenes. Además, se propone eximir al Estado provincial y a sus organismos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.