Hay causas judiciales que exceden el nombre de un imputado y obligan a mirar de frente una cuestión mucho más profunda: cómo se administran los recursos que pertenecen a todos.
Este lunes 28 de septiembre comenzará en Concordia el juicio oral contra José Luis Bustamante, quien se desempeñó como secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos durante la gestión municipal encabezada por Gerardo Chapino en Federal.
La investigación, identificada como Legajo Fiscal N.º 13.635, se inició luego del cambio de administración municipal y avanzó hasta llegar a juicio con una acusación por Peculado de Bienes y Servicios e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en concurso real.
QUÉ DEBERÁ DETERMINAR LA JUSTICIA
El punto central del debate será establecer si Bustamante, mientras tenía bajo su órbita una de las áreas con mayor capacidad operativa del Municipio, dispuso, autorizó o permitió la utilización de personal, materiales y servicios públicos para realizar trabajos en una propiedad vinculada a un familiar directo.
También deberá analizarse si esos recursos tuvieron algún tipo de recupero económico para el Estado municipal o si, por el contrario, fueron utilizados sin contraprestación en beneficio de un particular.
No se trata de una discusión menor.
Cuando se investiga la posible utilización de maquinaria, trabajadores, materiales o servicios pertenecientes a una Municipalidad, lo que está en juego no es solamente una obra puntual. Está en discusión el límite entre la función pública y el interés privado.
RECURSOS PÚBLICOS, RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
Quien administra bienes del Estado no administra recursos propios.
Cada hora de trabajo, cada máquina, cada material y cada servicio municipal tienen un costo que finalmente es afrontado por los vecinos.
Por eso, la causa que llegará a juicio deberá establecer con precisión qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si existió o no una conducta penalmente reprochable.
Según la información recabada, durante el debate serán convocados a declarar trabajadores municipales y la actual presidenta municipal Alicia Oviedo, además de las distintas partes intervinientes. Bustamante comparecerá acompañado por su abogado defensor.
UNA DISCUSIÓN QUE FEDERAL NECESITA DAR
El proceso judicial también vuelve a poner bajo análisis una etapa de la administración municipal de Federal.
La transparencia en el manejo de los recursos públicos no puede depender del color político de quien gobierna ni de quién ocupa circunstancialmente un cargo.
Si los hechos denunciados no existieron, el juicio deberá aclararlo. Si existieron irregularidades, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes.
Ese es precisamente el valor institucional del proceso.
No corresponde anticipar una condena antes de que hable el tribunal. Pero tampoco minimizar una acusación que involucra el posible uso de recursos municipales para fines particulares.
Federal tendrá ahora una instancia judicial para conocer qué ocurrió realmente.
Y cuando se trata de bienes que pertenecen a todos, la explicación no es una opción: es una obligación pública.