El Premio FOPEA 2026 al Periodismo de Investigación volvió a poner en circulación una pesquisa que incomodó al poder judicial entrerriano: la de Daniel Enz sobre la vocal del Superior Tribunal de Justicia Susana Medina de Rizzo. La nota, publicada por Análisis Digital, documentó 668 días hábiles de ausencia, 28 viajes al exterior, gastos del Estado y cuestionamientos al régimen de subrogancias.
El reconocimiento del Foro de Periodismo Argentino reabrió el foco sobre una investigación que siguió durante meses el funcionamiento del máximo tribunal de Entre Ríos y el modo en que Medina de Rizzo utilizó recursos públicos mientras construía proyección nacional e internacional.
La nota premiada, titulada “La embajadora judicial: Medina de Rizzo, entre ausencias, gastos y directivas poco claras”, fue distinguida en la categoría Periodismo de Investigación para medios de entre uno y 20 periodistas.
El trabajo se apoyó en documentación oficial del Superior Tribunal de Justicia y estableció que Medina de Rizzo acumuló alrededor de 668 días hábiles de ausencia entre 2016 y 2025, un período equivalente a más de tres años judiciales completos. También registró 28 viajes al exterior entre 2016 y 2021, muchos de ellos bajo conceptos como capacitación, actividades institucionales o académicas.
La investigación también puso el foco en el uso de vehículos, choferes y otros recursos del Poder Judicial, además de testimonios sobre empleados destinados a tareas particulares en propiedades vinculadas a la magistrada y su familia. Otro tramo abordó las irregularidades denunciadas en el sistema de subrogancias durante la presidencia de Medina de Rizzo en el STJ y las sospechas sobre alteraciones en el orden de designación de vocales para causas sensibles.
Al recibir el premio, Enz recordó que, después de la publicación, Medina de Rizzo dejó la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y sostuvo que el pedido de juicio político en su contra no avanzó por acuerdos políticos. “Pero seguiremos haciendo periodismo, no tengan duda”, expresó durante la ceremonia.
Por el reconocimiento nacional y por la relevancia pública de los hechos documentados, Análisis Digital vuelve a publicar a continuación, de manera íntegra, la investigación premiada.
Por DANIEL ENZ
La jueza Susana Medina de Rizzo atraviesa uno de sus momentos más delicados en el plano político y personal. La documentación oficial sobre sus movimientos en el Poder Judicial dejó expuestas ausencias reiteradas, viajes frecuentes y el uso de recursos estatales para actividades que, según la investigación, no siempre se correspondían con su función. El caso importa porque involucra fondos públicos, el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia y la calidad del servicio de justicia en Entre Ríos.
La mayoría de sus viajes a Buenos Aires —donde suele ir dos o tres veces por mes— se hacen por vía terrestre. Para eso utiliza el vehículo oficial asignado por el Poder Judicial, con combustible, estadía y viáticos del chofer a cargo. Según el relato recogido en la investigación, el esquema se repitió durante años y también alcanzó a traslados y tareas vinculadas con su entorno familiar.
Un chofer del STJ percibe 132.033 pesos por día cuando sale de la provincia, a lo que se suma la nafta. Cada viaje a Buenos Aires le cuesta al Poder Judicial no menos de 300 mil pesos, además de los viáticos correspondientes. El reglamento, además, obliga al conductor a permanecer a no más de 10 cuadras del lugar donde se encuentre la vocal.
En los últimos 15 años, Susana Medina utilizó buena parte de la estructura del Poder Judicial para construir posicionamiento en organizaciones judiciales, sin que eso evitara las contradicciones que la investigación fue marcando. En Buenos Aires y en el exterior sostuvo un discurso progresista y de defensa de las políticas de género; en Paraná, la nota la describe con un perfil muy distinto, asociado a sectores conservadores y de poder local.
Lo llamativo, según la investigación, es que de los cientos de reportajes que dio Medina de Rizzo desde 1988 nunca había mencionado esa supuesta “tarea de compromiso y solidaridad” con presos políticos durante la dictadura. Recién lo hizo en una audiencia en el Senado en 2004 y mucho después en una entrevista a un medio porteño. También se repasan vínculos y decisiones que, para el autor, ayudan a entender su modo de construir poder dentro del sistema judicial.
El texto repasa además la trayectoria de César Bretto, a quien Medina impulsó homenajear en la Escuela de Policía Salvador Maciá, y lo ubica como una figura cercana a la magistrada y con peso en distintos ámbitos de la vida pública entrerriana.
Susana Medina de Rizzo, con dineros públicos, construyó una red de contactos políticos, diplomáticos y religiosos que la proyectó como presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina y eventual aspirante a la Corte Suprema. Pero la investigación contrapone esa proyección con un patrón de ausencias prolongadas, demoras en resoluciones y una conducta que, según el texto, no se condice con el discurso público.
El trabajo detalla que entre 2016 y 2021 acumuló 477 días de ausencia y que entre 2022 y 2025 sumó otros 191 días hábiles. En total, la vocal no estuvo presente en su despacho durante aproximadamente 668 días hábiles. También consigna 28 viajes al exterior, con destinos como México, Suiza, Italia, Países Bajos, Kenia, Pakistán, Vaticano, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Marruecos, Costa Rica y Sudáfrica.
La mayoría de esos viajes fueron justificados como “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de AMJA”. En varios casos, además, cobró salario íntegro y viáticos del Poder Judicial entrerriano. Uno de los ejemplos más controvertidos fue un viaje al Vaticano para reunirse con el papa Francisco, declarado como capacitación en los registros oficiales.
La investigación también señala demoras de uno o dos años en resoluciones de expedientes de la Sala Laboral del STJ. Entre los casos mencionados aparece el de una cadete de la Escuela de Oficiales de Policía víctima de violencia de género institucional, que fue expulsada tras denunciar y luego reincorporada por decisión del Superior Tribunal, con el voto en contra de Medina.
El reglamento de licencias del STJ establece en su artículo 40 que las licencias por capacitación no pueden superar las 20 al año y que solo se otorgan si se garantiza la normal prestación del servicio. Además, exige declarar bajo juramento que el magistrado está al día con el despacho de causas y sentencias. La nota sostiene que eso no se cumplió.
Otro eje del trabajo apunta al uso del personal del STJ para tareas privadas. Según la investigación, empleados de Maestranza e Intendencia fueron enviados con frecuencia a la casa de calle Santiago del Estero o a la vivienda de fin de semana de la magistrada en las afueras de Paraná. Durante su mandato, además, se firmaron numerosas designaciones de personal interino, suplente y temporario.
Algunos empleados, siempre según el texto, terminaron renunciando después de verse obligados a realizar tareas extras que les generaron problemas psicológicos. La nota también describe tensiones internas y quejas que llegaron a otros vocales del STJ.
Esas prácticas, agrega la investigación, derivaron incluso en episodios de violencia y conflictos vinculados al entorno de la jueza y de su marido, el doctor Ricardo Rizzo, en distintos ámbitos de Paraná.
La nota cierra con una definición política: Medina de Rizzo representa, para el autor, un caso paradigmático de construcción de poder judicial en la Argentina, con una proyección pública que contrasta con su desempeño cotidiano y con el uso de recursos del Estado provincial.
Uno de los capítulos más delicados de la investigación apunta a la supuesta manipulación de la integración del Superior Tribunal de Justicia en causas sensibles. Según el texto, durante la presidencia de Medina se habría alterado el orden de designación de vocales subrogantes para evitar que intervinieran magistrados considerados más independientes.
El mecanismo, siempre de acuerdo con la publicación, consistía en demorar expedientes o saltear a quienes debían integrar el tribunal por orden de lista, para favorecer a vocales más cercanos a la Presidencia del STJ. La maniobra, sostiene el trabajo, afectaba el principio del juez natural.
La investigación menciona como ejemplos la causa “Goyeneche” y el trámite iniciado por la Asociación Judicial Entre Ríos por descuentos salariales durante la emergencia decretada en la gestión de Gustavo Bordet. También señala que la Asociación Civil “Entre Ríos sin Corrupción” debió recurrir a un amparo para acceder a la información sobre el sistema de subrogancias.
La publicación agrega que, tras quedar expuestas las críticas, la Secretaría en lo Contencioso Administrativo fue virtualmente intervenida y que recién el 11 de septiembre de este año se inició un sumario administrativo contra la secretaria Patricia Alasino, bajo otra presidencia del STJER.
En los informes enviados a Análisis Digital desde el STJ aparecen numerosas licencias atribuidas a actividades vinculadas con la presidencia de AMJA, aunque sin una explicación clara de parte de Susana Medina. La investigación interpreta esa ambigüedad como una forma deliberada de confundir el registro de ausencias y justificar viajes con fondos públicos.
El detalle del período 2016/2021 muestra una secuencia de traslados a Buenos Aires y otros destinos, con pedidos de viáticos, licencias por capacitación y ausencias que, según el texto, no siempre se correspondían con la función judicial. La publicación enumera decenas de casos concretos y sostiene que el patrón se repitió durante años.
La nota concluye que la combinación de ausencias prolongadas, viajes frecuentes, gastos estatales y manejo discrecional de subrogancias dejó al descubierto una forma de ejercer poder que impacta de lleno en Entre Ríos, donde el servicio de justicia depende de decisiones que, según la investigación, no siempre estuvieron guiadas por el interés público.