El documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública no se puede consolidar un país”. Organizaciones sindicales, educativas y políticas concretaron este jueves la 5° Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, que finalizó con incidentes entre un grupo de manifestantes y personal de las fuerzas de seguridad.
La esquina de la avenida Rivadavia y Callao fue el sector donde se produjeron enfrentamientos que incluyeron lanzamiento de piedas hacia los efectivos que respondieron con gases y el uso de camiones hidrantes, mientras el acto central se desarrollaba.
Sobre el final de la tarde ya se reportaban uniformados y manifestantes heridos y hasta las 19 la Policía de la Ciudad había reportado las detenciones de seis manifestantes, uno de ellos un menor de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños y Adolescentes, según informó. Las organizaciones convocantes aseguraron que las casas de altos estudios «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.
Contaron con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR y la militancia peronista que estuvo dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
El documento firmado en defensa de «la educación, la soberanía y la democracia» por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.» En el texto remarcaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de su cumplimiento, al mismo tiempo en que destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarlo de manera inmediata.
Asimismo, criticaron al Gobierno Nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y fallos judiciales. También advirtieron acerca del «riesgo institucional» por el que atraviesan las Universidades y la intención marcada, por parte del presidente Javier Milei, de gobernar por «Decretos de Urgencia«: «Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU«, agregaron.
Por otra parte, reivindicaron «los pilares históricos del modelo universitario argentino» como la gratuidad, la autonomía, el co-gobierno, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva y el rol que tienen dentro de nuestra Nación, como espacio de movilidad social ascendente y justicia social.
En otro orden, denunciaron que el proyecto del Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo Nacional, es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y no contempla las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario; contrariamente, apoyaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto al proyecto oficial.
También, mostraron preocupación sobre el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y el freno en los proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento.
En la misma línea, denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar, que quedaron paralizadas en $35.000 desde el año 2024; la desinversión en las Becas Manuel Belgrano; y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), al que calificaron como una política de «deserción forzada«.
Cerca del final, denunciaron un «ataque» al salario docente y no docente y repudiaron la «asfixia» salarial y la negativa del Gobierno a convocar a paritarias libres, además de señalar «la pérdida constante» de poder adquisitivo, la precarización de las condiciones de trabajo y el «desconocimiento» de temas clave como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias.
«Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución.
Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles», concluyeron.
Por su parte, el Gobierno nacional repudió los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos» , además de «desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada». Agencia NA