Argentina solicitó una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para responder al recurso presentado por los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF. Con este pedido, la defensa del Estado nacional busca extender hasta el 2 de diciembre el plazo para presentar su escrito de oposición.
La solicitud se conoció después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara formalmente sin efecto la sentencia que había condenado al país a pagar US$16.100 millones, una cifra que, con los intereses acumulados, superaba los US$18.000 millones.
La decisión de la magistrada se produjo luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara la condena contra Argentina. De esta manera, quedó cerrada la etapa de primera instancia, mientras continúa la disputa judicial por el recurso presentado por los demandantes.
El analista especializado Sebastián Maril informó a través de su cuenta de X que el Estado argentino solicitó postergar la presentación de su respuesta al pedido de revisión del fallo de la Cámara de Apelaciones.
“La República Argentina solicita postergar la presentación de su respuesta al pedido de revisión del fallo de la Cámara de Apelaciones presentada por los demandantes hasta el 2 de diciembre”, precisó.
Maril también recordó que los fondos demandantes habían solicitado anteriormente una extensión del plazo para presentar su recurso, que finalmente fue entregado el 30 de septiembre y publicado el 2 de octubre.
El pedido argentino deberá ser considerado por el máximo tribunal estadounidense. Por lo tanto, el 2 de diciembre constituye la nueva fecha solicitada por la defensa, sujeta a la aprobación de la Corte.
El conflicto judicial comenzó a raíz de la estatización de YPF, realizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La medida dio lugar a una demanda impulsada por antiguos accionistas minoritarios de la petrolera, quienes cuestionaron las condiciones en las que se llevó adelante la expropiación.
Burford Capital financió la demanda iniciada por Petersen Energía y Eton Park, en un litigio que se extendió durante más de una década en los tribunales estadounidenses, informó Agencia Noticias Argentinas.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska dictó una sentencia desfavorable para Argentina y estableció una indemnización de US$16.100 millones por la forma en que se concretó la estatización.
El Estado argentino apeló esa resolución y, posteriormente, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena. Preska dejó sin efecto formalmente su sentencia en cumplimiento de esa decisión.