El incremento de los juicios laborales, de los fallos en contra de las empresas y de los montos millonarios que deben pagar, es una problemática que viene cuestionando el sector privado en Entre Ríos. Las instituciones empresarias plantearon en los últimos años la necesidad de cambios en la legislación para “corregir distorsiones” que los deja en situación de desventaja y derivó en un progresivo aumento de costos frente a esta imprevisibilidad.
Incluso, hubo llamativos casos de pymes que quedaron al borde de la quiebra y llegaron a oídos del Gobierno, que decidió avanzar en el tema y presentar un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, cuyo texto ya ingresó formalmente a la Legislatura y tomó estado parlamentario. El proyecto de ley establece cuatro puntos centrales. Por un lado, propone la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial que otorgue mayor independencia a las pericias.
Además, establece la aplicación obligatoria del baremo vigente para determinar las incapacidades. Asimismo, desvincula los honorarios periciales del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad determinado para evitar que los valores sean “inflados”. Y en cuarto lugar, elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas —o de ofrecer bienes suficientes a embargo— como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral.
El sector privado entrerriano manifestó su beneplácito con la iniciativa y prepara un documento conjunto. Para respaldar su postura, tienen en mano los informes actualizados de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), que advirtió que en 2025, Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo, un 25% más que en 2024, mientras que su índice de judicialidad aumentó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos.
La tendencia se aceleró durante 2026: en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la cantidad de juicios creció 38%, el mayor aumento entre las nueve principales jurisdicciones del país. Ramiro Reiss, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), explicó a DOS FLORINES que el respaldo al proyecto surge de una lectura de los indicadores laborales.
“El apoyo a esta reforma está en función de los datos”, señaló, y advirtió que Entre Ríos “es la provincia que más ha crecido en juicios contra la ART”, con un aumento “cercano al 40% en el último año”. Acotó que las empresas industriales son las que quedan más expuestas a esta problemática. En ese marco, sostuvo que “hay una disparidad en los diferentes criterios aplicados en las incapacidades declaradas ante un mismo siniestro”.
Por ello, planteó que “es clave para corregir estas distorsiones la creación de un cuerpo oficial de peritos que sean elegidos por concurso público de oposición y antecedentes”, tal como se implementa en otras jurisdicciones como Córdoba o Santa Fe recientemente. El dirigente también cuestionó que los honorarios periciales queden atados al monto del juicio o al porcentaje de incapacidad determinado y pidió “que sean en función de la complejidad de la tarea y de cada caso”.
Según remarcó, de lo contrario, “el incentivo que tienen es que cuanto mayor porcentaje de incapacidad, más altos son los honorarios”, lo que genera una brecha entre lo que establecen las juntas médicas y lo que luego se define en sede judicial, cuyos peritos “lo multiplicaban por tres o cuatro”. Reiss aclaró que la postura empresaria no busca limitar derechos, sino ordenar el sistema.
“Nadie quita el derecho de reclamar”, expresó, pero sostuvo que el objetivo es “que sea más justo y que el proceso laboral tenga un equilibrio entre los derechos de trabajadores y empresas”, con “niveles de objetividad” en el funcionamiento de la Justicia laboral. Remarcó que resulta fundamental avanzar en estos criterios ya que la judicialidad de casos “impacta en los costos de las empresas que hay que pagar a las ART, por la imprevisibilidad que se traslada a los seguros que pagamos”.
El empresario también puso el foco en el impacto que este tipo de litigios tiene sobre el sector público provincial y mencionó el caso del Iapser. “En Entre Ríos sabemos que el principal asegurador es el Iapser, fundamentalmente porque tiene todos los trabajadores públicos”, señaló.
Según indicó, en los últimos dos años la aseguradora provincial “pagó 35.000 millones de pesos en cuestiones laborales”, recursos que, advirtió, podrían haberse destinado a “infraestructura, salud, educación o equipamiento de seguridad”. Finalmente, otro de los aspectos que destacó es la posibilidad de apelar fallos de primera instancia sin tener que afrontar previamente el pago total. Advirtió que ese punto puede tener un impacto directo en las pymes y emprendimientos que enfrentan fallos desfavorables.
“Muchas veces una pyme o un emprendedor, sabiendo que hubo un proceso mal hecho en primera instancia y que tiene la certeza de que en segunda instancia se lo van a dar vuelta, no tiene la capacidad financiera para afrontar el pago”, lamentó. En ese sentido, alertó que esa situación “genera una desventaja e injusticia porque no equilibra derechos” y puede derivar en que la empresa “cierra, o paga y cierra”.
Por ello, consideró que la reforma también apunta a evitar una “asimetría muy grande” y a “poner en igualdad de condiciones” a las partes. Celeste Valenti, presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), planteó que “la generación de empleo formal requiere también un marco laboral que otorgue previsibilidad tanto a trabajadores como a empresas”.
“La judicialización excesiva, los costos imprevisibles y las distorsiones que puedan existir en los procesos terminan impactando sobre las decisiones de contratación, especialmente en las pymes. Por eso valoramos que Entre Ríos abra la discusión sobre la actualización de su Código Procesal Laboral”, expresó.
En diálogo con DOS FLORINES, la referente industrial reflexionó que “el desafío es construir procedimientos ágiles, objetivos y equilibrados, que garanticen los derechos laborales y, al mismo tiempo, reduzcan incertidumbres que desalientan la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo”. Recordó que la necesidad de avanzar en esta reforma es un tema que desde la UIER vienen planteando de manera sostenida a partir de la preocupación que transmiten los socios.
También destacó las conversaciones mantenidas con la UART les permitió acceder a datos concretos sobre “los alarmantes niveles de litigiosidad que enfrenta nuestro sector”. “Esta problemática se ha visto agravada a partir de dos recientes fallos que sentaron una preocupante jurisprudencia en Entre Ríos, ya que habilitan la reapertura de casos previamente homologados y determinan el pago de sumas millonarias que se ubican muy por encima del promedio nacional.
Esta situación pone literalmente en jaque la sostenibilidad económica y operativa de las pequeñas y medianas empresas. Además, pone en evidencia la necesidad de contar con un cuerpo de peritos independientes que garanticen la transparencia y equidad de los casos”, sostuvo la titular de la entidad fabril. Los fallos a los que Valenti hace referencia refieren a Crettaz c/Iapser y Vázquez c/Iapser que generaron un antes y un después en la litigiosidad laboral de Entre Ríos.
Desde ambos fallos en adelante, la UART planteó en un informe hace dos años que aumentaron sustancialmente los montos por juicios -más del doble de la sentencia a nivel país- y se dio mayor reapertura de casos cerrados post cobro de incapacidad, en un 35%. El proyecto generó ya diferentes análisis de profesionales que convalidan el texto y otros que plantearon objeciones.
Adrián Barsanti, abogado y asesor jurídico de empresas, opinó que la iniciativa representa un cambio fundamental en la forma en que las empresas pueden gestionar los riesgos asociados a los litigios laborales. Si bien la reforma no altera los derechos de los trabajadores, “busca reducir la incertidumbre empresarial mediante medidas concretas”.
“Quizás sea más preciso hablar de una reforma orientada no tanto a eliminar litigios como a mejorar las condiciones en las que esos litigios se tramitan y eventualmente se resuelven”, opinó, en un texto enviado a DOS FLORINES. El abogado valoró los principales cambios que introduce el proyecto y aseguró que todos ellos apuntan a “hacer más previsible la contingencia laboral y permitir una mejor administración del riesgo”. De todas maneras, señaló cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo, los honorarios.
Sugirió que la norma contemple “remunerar la tarea, evitar incentivos vinculados con el resultado y, al mismo tiempo, no desvalorizar el trabajo técnico especializado”. Entre otras consideraciones, marcó un punto importante sobre el cuerpo de peritos. Señaló que el proyecto prevé inicialmente tres profesionales para toda la provincia, con asiento en Paraná, lo que podría resultar suficiente.
Por ello, considera que “sería conveniente que la implementación contemple mecanismos de ampliación de la estructura en función de la carga de trabajo, reglas claras sobre plazos, cobertura territorial y procedimientos para evitar la acumulación de pericias pendientes”. Quien cuestionó el alcance del proyecto es María Gabriela López Arango, vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones, quien dijo que “es muy parcial”. “Esto es una pequeña reforma, una mini reforma.
Llamar la reforma del Código Procesal Laboral parece como demasiado título para lo que se está discutiendo en estos pocos artículos”, dijo a Radio Plaza. “Mover todo el aparato legislativo para hacer una pequeñísima modificación, por ahí pareciera un desperdicio de oportunidades”, resumió, y señaló que la iniciativa está enfocada en las ART.
Por otro lado, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) solicitó la revisión de modificaciones propuestas al artículo 39 de la Ley Nº 5.315, por su impacto en los honorarios y las garantías de cobro de los profesionales que actúan como peritos y auxiliares de justicia.
En particular, advirtieron por los efectos para los matriculados que se desempeñan como peritos contadores, para lo cual piden mantener los regímenes arancelarios profesionales vigentes y resguardar los derechos correspondientes a trabajos realizados con anterioridad a una eventual reforma.
Según el comunicado, el Consejo solicitó revisar tres cuestiones centrales: sobre la regulación de honorarios, piden preservar la posibilidad de considerar la significación económica del litigio, junto con la complejidad, extensión, responsabilidad y calidad del trabajo realizado; solicitan eliminar el máximo uniforme de ocho juristas previsto en el proyecto, por considerar que podría resultar insuficiente para retribuir actuaciones de especial complejidad o extensión; y exigen mantener el mecanismo subsidiario que permite al profesional reclamar sus honorarios frente al incumplimiento del obligado al pago, evitando que una tarea efectivamente realizada quede sin remuneración.