El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se expidió este jueves sobre la acción de amparo vinculada al nuevo sistema de alimentación escolar y dejó un dato político e institucional central: la transformación impulsada por el Gobierno provincial podrá continuar.
El máximo tribunal hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE, pero no ordenó regresar al sistema anterior ni cuestionó la facultad del Ejecutivo para reorganizar la prestación.
La Justicia fijó estándares, pero no frenó la reforma
La resolución establece que la Provincia deberá garantizar que la alimentación escolar no solamente excluya productos alcanzados por sellos de advertencia, sino que además cumpla integralmente con los estándares de alimentación saludable previstos por la Ley Provincial 10.594.
Esto implica incorporar parámetros vinculados a la composición nutricional y a la calidad general de las prestaciones.
Al mismo tiempo, el Superior Tribunal sostuvo que corresponde al Poder Ejecutivo determinar cómo alcanzar esos objetivos, preservando las facultades propias de la Administración para diseñar y ejecutar la política pública.
El nuevo sistema seguirá adelante
El fallo resulta relevante porque no dispone volver atrás con el esquema implementado por la Provincia.
Tampoco establece que la Justicia deba definir menús, proveedores, mecanismos de distribución o modalidades de organización.
Por el contrario, deja en claro que el control judicial debe concentrarse en verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, sin reemplazar al Gobierno en decisiones técnicas y administrativas.
De esta manera, la Provincia conserva margen para continuar modernizando y corrigiendo un sistema que durante años acumuló dificultades de control, calidad y funcionamiento.
Más controles y una política basada en criterios nutricionales
Desde el Gobierno provincial vienen planteando que la transformación del sistema de alimentación escolar busca avanzar hacia un esquema con mayor control, seguimiento y trazabilidad de las prestaciones.
La resolución judicial incorpora ahora mayores precisiones sobre los estándares nutricionales que deberán respetarse.
Lejos de significar una paralización del proceso, la decisión obliga a profundizar los mecanismos de supervisión y adecuación, fortaleciendo el objetivo de garantizar una alimentación de mejor calidad para los estudiantes.
La Provincia continuará con la mesa de trabajo
El Gobierno de Entre Ríos continuará avanzando a través de la mesa interinstitucional conformada junto a especialistas, universidades y la empresa proveedora.
El objetivo será incorporar las observaciones realizadas por la Justicia, revisar los componentes nutricionales y fortalecer los controles sobre las prestaciones que llegan diariamente a las escuelas.
La definición del Superior Tribunal marca así un límite claro: la Justicia controla que se cumplan las normas, pero no sustituye al Poder Ejecutivo en la conducción de la política pública.
Para la gestión provincial, el desafío ahora será transformar esa definición en resultados concretos: mejorar la calidad de los alimentos, reforzar los controles y sostener una reforma que busca dejar atrás prácticas y mecanismos que requerían revisión.
La transformación continúa, ahora con parámetros judiciales más precisos y con la responsabilidad del Gobierno de demostrar que el nuevo sistema puede ofrecer una alimentación escolar más saludable, eficiente y controlada.