El Arzobispado de Paraná emitió una aclaración pública luego de que Marcelino Moya apareciera el domingo en la muestra organizada por la Sociedad Rural de María Grande. La institución eclesiástica precisó que el sacerdote no cuenta actualmente con autorizaciones para desempeñar funciones pastorales en representación de la Iglesia.
“Ante noticias de público conocimiento, sobre la aparición del sacerdote Marcelino Moya, el pasado domingo, en la muestra rural de María Grande, comunicamos que el mismo no tiene licencias ministeriales ni puede ejercer ningún ministerio en nombre de la Iglesia”, señaló el breve comunicado difundido por el Arzobispado. La aclaración surgió después de que Moya, nacido en María Grande y conocido durante años como el “cura payador”, volviera a presentarse públicamente sobre un escenario.
Su aparición generó repercusión debido a los antecedentes judiciales y eclesiásticos que marcaron su alejamiento de la actividad pastoral. Marcelino Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el entonces arzobispo de Paraná Estanislao Esteban Karlic. Durante su trayectoria estuvo a cargo de distintas tareas parroquiales y educativas hasta que, en 2015, fue apartado preventivamente de la actividad pastoral tras conocerse denuncias por abuso sexual y corrupción de menores.
El 30 de junio de aquel año, un día después de que Pablo Huck y Ernesto Frutos presentaran una denuncia judicial por hechos que dijeron haber sufrido cuando eran adolescentes en la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay, el Arzobispado anunció la apertura de investigaciones preliminares conforme al Derecho Canónico. Como medida cautelar, la Iglesia determinó entonces que Moya fuera separado de la atención pastoral de comunidades y le prohibió el ejercicio público del ministerio.
Hasta ese momento se desempeñaba como apoderado legal de instituciones educativas de Seguí y como párroco de Nuestra Señora de la Merced. En abril de 2019, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a Marcelino Moya a 17 años de prisión por delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La resolución fue dictada por los jueces María Evangelina Bruzzo, Melisa Ríos y Fabián López Mora. En diciembre de 2020, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó aquella sentencia.
Sin embargo, posteriormente la causa llegó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, donde la situación procesal cambió. En 2021, el máximo tribunal provincial hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal y dispuso el sobreseimiento. La decisión fue adoptada con los votos de Daniel Carubia y Miguel Giorgio y la disidencia de Claudia Mizawak, por lo que la condena anterior dejó de producir efectos.
El argumento mayoritario consideró que entre los hechos investigados, situados entre 1993 y 1995, y la denuncia presentada en junio de 2015 había transcurrido un período superior al plazo máximo previsto entonces para la prescripción. La resolución cerró así el proceso penal sin una condena firme vigente. Desde aquel proceso, Moya permaneció apartado de las funciones pastorales públicas.
Si bien continúa siendo sacerdote y desde el Arzobispado aclararon que no está jubilado, no tiene asignada una parroquia ni posee autorización para celebrar públicamente o ejercer tareas ministeriales en nombre de la institución.
