La nueva imputación al intendente Domingo Daniel Rossi no es un episodio menor para la institucionalidad entrerriana. La investigación, revelada este jueves por Análisis, apunta a hechos concretos de la administración municipal que ahora deberán esclarecerse ante la Justicia.
Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa atribuyen al jefe comunal presuntas irregularidades relacionadas con nombramientos, incumplimiento de deberes, supresión de documentación pública y fraude a la administración por ocultamiento de expedientes. Análisis +1
Rossi respondió con una frase de alto impacto: “La Justicia protege a los ladrones”.
Pero una acusación de semejante gravedad, pronunciada por un intendente en ejercicio, también exige fundamentos. Especialmente cuando proviene de una autoridad pública que debe colaborar con los organismos encargados de controlar el uso de los recursos municipales.
### La documentación pública no pertenece a los funcionarios
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es el presunto ocultamiento de expedientes originales del Tribunal de Cuentas.
Según la imputación difundida por Análisis, Rossi recibió personalmente documentación administrativa el 6 de diciembre de 2022. Esos expedientes incluían actuaciones relacionadas con convenios tributarios, la compra de una retroexcavadora y la provisión de hormigón para obras municipales.
La Fiscalía investiga por qué esa documentación no fue puesta a disposición cuando los organismos competentes la requirieron.
Aquí aparece una cuestión institucional esencial: los expedientes de una administración pública no son propiedad del gobernante de turno. Son documentos del Estado y deben estar disponibles para los controles establecidos por la ley.
Si se comprobara que existió ocultamiento deliberado, no se trataría simplemente de una diferencia administrativa. Estaría comprometida la posibilidad misma de fiscalizar el manejo de los fondos públicos.
### Un contador sin título y un sistema de controles cuestionado
La causa también examina la designación de Marcelo Félix Fernando Medina como contador municipal mediante el Decreto 305, del 30 de septiembre de 2015.
De acuerdo con los fiscales, Medina no reunía las condiciones profesionales requeridas para ocupar esa función, que habría desempeñado al menos hasta junio de 2026.
El problema excede la formalidad de un nombramiento.
La Contaduría municipal debe ejercer controles técnicos sobre los recursos y gastos. Cuando existen dudas sobre los requisitos de quienes ocupan esos cargos, también surgen interrogantes sobre la independencia y eficacia de los mecanismos de supervisión.
El informe de auditoría de 2025 citado por Análisis había advertido, además, deficiencias vinculadas con los acuerdos del Concejo Deliberante y las garantías legales exigidas a funcionarios responsables de las cuentas municipales. Análisis
### Una condena firme que forma parte de los antecedentes
La trayectoria judicial de Rossi tiene un antecedente imposible de soslayar.
En 2006 fue condenado a tres años de prisión condicional, ocho años de inhabilitación y una multa de $90.000 por enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso de su defensa y dejó firme aquella condena. LA NACION +1
Ese antecedente no demuestra culpabilidad en los hechos actualmente investigados. Pero sí forma parte del historial público de un dirigente que hoy vuelve a enfrentar cuestionamientos judiciales.
La responsabilidad institucional exige que todos los funcionarios, independientemente de su trayectoria o pertenencia partidaria, se sometan a los mismos controles.
### Cuando la política convierte a la Justicia en adversaria
La judicialización de los conflictos políticos y las denuncias sobre presuntos carpetazos forman parte de una discusión recurrente en la Argentina.
Existen razones legítimas para reclamar que la Justicia actúe sin presiones ni selectividad. Sin embargo, también hay un riesgo cuando las acusaciones de persecución se utilizan para desplazar el debate sobre los hechos investigados.
Los controles públicos no pueden depender de quién gobierna, ni la legitimidad de una investigación puede determinarse por la simpatía o antipatía política hacia el acusado.
La transparencia no es una consigna electoral: exige documentación, auditorías, explicaciones y mecanismos que permitan detectar y corregir irregularidades.
### La obligación de responder
Rossi fue citado a prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre, mientras que Medina deberá comparecer el 27 del mismo mes. Ambos conservan plenamente su presunción de inocencia respecto de estas nuevas imputaciones. Análisis
La Fiscalía deberá demostrar sus acusaciones. La defensa tendrá oportunidad de controvertirlas.
Pero, más allá de lo que determine el expediente penal, permanece una cuestión política e institucional.
¿Cómo se garantiza que los fondos de Santa Elena sean administrados con transparencia, que los funcionarios cumplan los requisitos legales y que los organismos de control accedan oportunamente a toda la documentación?
La respuesta no puede quedar atrapada en acusaciones cruzadas.
Entre Ríos necesita instituciones capaces de investigar sin condicionamientos y dirigentes dispuestos a rendir cuentas incluso cuando las preguntas resultan incómodas.
Porque la transparencia de una gestión no se demuestra desacreditando a quienes investigan, sino permitiendo que los hechos sean esclarecidos.