La represa en la orilla de la ciudad más pobre - Dos Florines

Por Alejandro Di Palma y Roberto Domingo. Concordia volvió a ser la ciudad más pobre del país: 56,2%. No le falta trabajo (tiene menos desocupación que el promedio nacional) y tiene enfrente una represa binacional que abastece al sistema eléctrico de todo el país. Lo que le falta es que el trabajo alcance y que la energía que sale de su orilla vuelva como algo más que obra pública. Esta nota intenta explicar por qué ninguna de las dos cosas pasa, y quién decide que no pase.

El INDEC publicó el jueves 24 los datos de pobreza del primer semestre. En todo el país, el 32,3% de las personas vive en hogares cuyo ingreso no alcanza para comprar la canasta básica (la lista de alimentos, ropa, transporte, servicios y demás gastos que el organismo considera el mínimo para no ser pobre). En Concordia ese número es 56,2%: más de la mitad de la ciudad, unas 94.000 personas. Es el registro más alto de los 31 aglomerados que mide el INDEC, por segundo semestre consecutivo. En el Gran Paraná, 34,3%.

La explicación de manual sería que falta trabajo. Pero en Concordia la desocupación fue de 6,1% en el segundo trimestre, menos que el 7,9% nacional. Y hay algo más llamativo: entre un año y otro, la proporción de gente con empleo en Concordia subió, y la pobreza también. Hay más gente trabajando y más gente pobre. La pobreza de concordia no es falta de trabajo: es trabajo que no alcanza. Piense en un verdulero que este año tuvo más fruta que nunca, pero cada kilo lo vende por menos de lo que le costó traerlo.

Eso le pasó al citrus, el motor económico del norte entrerriano: la cosecha fue más de un 20% mayor que la anterior, pero con precios muy bajos y costos en alza muchos productores trabajaron a pérdida. Y cuando el que vende pierde, el que cosecha cobra poco. El canasto lleno no llena la mesa. En el citrus, este año más fruta no fue más plata. Hace décadas, un sociólogo francés, Robert Castel, explicó que en las sociedades modernas el empleo asalariado no era sólo una forma de ganarse la vida.

Con el recibo de sueldo venían la obra social, la jubilación, las vacaciones y el aguinaldo, y esa red de protecciones era lo que integraba a una persona a la sociedad. En Concordia, más de la mitad de los trabajadores está fuera de esa red: la estadística provincial registró un 51,4% de informalidad. Trabajan, pero sin recibo. Un ejemplo concreto. El lunes 28 abre en Concordia la inscripción al Intercosecha, la ayuda nacional para los trabajadores del citrus y del arándano entre una temporada y otra.

Paga $123.000 por mes durante cuatro meses como máximo. Una familia de cuatro personas necesitó $1.531.473 en junio para no ser pobre: la ayuda cubre menos de la décima parte. Y para cobrarla hay que presentar un recibo de sueldo. El cosechero en negro, que es el que más la necesita, queda afuera. La protección no va donde está la necesidad: va donde está el recibo. Y acá aparece lo que ningún informe nacional menciona. La ciudad más pobre del país tiene enfrente la represa de Salto Grande.

La energía que genera entra al sistema eléctrico nacional. La ley dice que lo que sobra después de pagar los costos de la represa (lo que se llama excedente) vuelve a Entre Ríos, Corrientes y Misiones para el desarrollo de la región. Pero el precio de esa energía lo fija la Nación, y lo fija de tal modo que casi no sobra nada. La comparación es simple. En 2023 la Secretaría de Energía le reconocía a Salto Grande unos 3,7 dólares por cada megavatio hora producido.

A Yacyretá, la otra represa binacional, el Estado le termina pagando en promedio unos 41 dólares por la misma unidad, gracias a un acuerdo firmado con Paraguay. Once veces más por lo mismo. Es como si a dos vacas que dan la misma leche, a una le pagaran el litro y a la otra solamente el alimento que come. La provincia reclama ante la Corte Suprema, desde noviembre de 2024, unos 175 millones de dólares por el precio bajo que se pagó desde 2013.

Y en agosto de 2025 un decreto provincial fijó que al menos la mitad de lo que reciba la comisión que administra esos fondos (la CAFESG) vaya a Concordia y Federación. Está bien. Pero el decreto reparte un porcentaje de una suma que depende de la Nación, y en marzo de este año el Concejo Deliberante de Federación todavía no sabía cuánto le correspondía ni para qué obras. El decreto repartió un porcentaje de algo que nadie sabe cuánto es.

Y lo que llega se gasta sobre todo en edificios: escuelas, hospitales, caminos. Son necesarios. Pero la pobreza de Concordia no es de edificios: es de ingresos. Una escuela restaurada no le completa el mes al cosechero que manda a sus hijos a esa escuela. Castel llamaba desafiliación al momento en que el trabajo ya no protege y tampoco quedan parientes o vecinos que puedan sostener a uno.

Concordia está en esa frontera, y la tiene a la vista del paredón de una represa que se construyó hace más de cuarenta años con la promesa del desarrollo regional. La posición de esta nota es simple. La pobreza de Concordia no se explica por falta de trabajo sino por un trabajo que perdió sus protecciones y por un precio que no le deja casi nada a la región que produce la energía.

La Nación fija ese precio de modo que casi no sobre nada; la provincia reparte por decreto un porcentaje de ese casi nada y lo gasta en edificios. Ninguna de las dos toca el ingreso del que trabaja. La energía sale por el cable; la pobreza se queda en la orilla. Por eso el reclamo no debería ser el paredón sino la fórmula: un precio pactado como el que ya tiene Yacyretá, y una ley provincial que blinde el reparto y lo ate al ingreso de quienes trabajan en la región, no sólo a la obra pública.

Hasta que Entre Ríos no discuta la fórmula, va a seguir repartiendo porcentajes de casi nada.