Una mujer acusada de estafar a personas mediante la venta de paquetes turísticos que nunca se concretaron reconoció su responsabilidad en seis hechos y acordó una pena de dos años de prisión condicional.
El acuerdo se presentó este viernes en una audiencia de juicio abreviado realizada en Paraná. La jueza Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones, pasó a un cuarto intermedio para analizar su legalidad y resolver si lo homologa.
La acusada fue identificada como Carina Andrea Spahn, de 54 años, domiciliada en Colonia Ensayo, sobre la ruta 11. Esta propuesta contempla, además de la pena condicional, el cumplimiento de reglas de conducta durante tres años.
En la audiencia intervinieron la fiscal Sofía Patat, el abogado Franco Azziani Cánepa, quien representa a cuatro de las más de 20 personas damnificadas, y el defensor oficial Rodrigo Juárez. Las partes solicitaron que la jueza homologue el acuerdo.
Según se informó, todas las víctimas fueron notificadas sobre la salida alternativa y prestaron su consentimiento.
Los seis hechos reconocidos ocurrieron entre 2024 y 2025.
De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía y vendía paquetes turísticos a través de redes sociales, recibía el dinero de los interesados y luego cancelaba las salidas con distintas excusas, sin cumplir con los servicios de transporte y alojamiento comprometidos.
Entre los casos se encuentra el de un viaje a Mendoza, cuyos pasajeros esperaron en vano el colectivo frente a la Catedral de Paraná. En ese episodio, el perjuicio económico denunciado fue de $2.712.000. También se registraron contrataciones para viajar a Merlo, en San Luis, y Villa Carlos Paz, en Córdoba, además de otro paquete con destino a las Cataratas del Iguazú, en Misiones.
La acusación incluyó asimismo un viaje por Catamarca, La Rioja y San Juan, que representó un perjuicio de $6.995.725. En otro de los hechos, relacionado con un paquete turístico a Perú, las víctimas denunciaron haber perdido $2.753.370 y 2.000 dólares. El sexto caso correspondió a un viaje a México, por el que se reclamó un monto de $6.380.600.
Durante la audiencia, una de las víctimas contó lo que ocurrió con un viaje que había contratado para ella, su hermano y sus sobrinos. Según relató, les comunicaron que la salida no se realizaría apenas minutos antes de la partida, cuando ya estaban esperando el transporte.
La mujer explicó que hasta ese momento solo había mantenido contacto con la acusada a través de WhatsApp y señaló que, más allá del perjuicio económico, lo que más le afectó fue el daño emocional que le provocó la situación.
Entre las pruebas reunidas durante la investigación se mencionaron capturas de pantalla de publicaciones, conversaciones de WhatsApp y comprobantes de pagos realizados en efectivo y mediante transferencias bancarias a dos cuentas proporcionadas a través de aplicaciones. También se indicó que algunas de las víctimas pudieron recuperar al menos una parte del dinero por el que habían sido estafadas.
La acusación tuvo en cuenta la cantidad de hechos y personas damnificadas, los montos involucrados y las consecuencias emocionales de las cancelaciones, especialmente por la frustración de viajes que habían sido organizados para compartir en familia.
Por su parte, la defensa reconoció que existían pruebas “profusas y contundentes” y sostuvo que, de llegar a un juicio oral, el resultado también podría derivar en una pena de ejecución condicional.
El acuerdo establece dos años de prisión condicional y reglas de conducta durante tres años, con la posibilidad de reemplazarlas por la asistencia a un taller de un oficio a elección de la acusada. La propuesta quedó a consideración de la jueza Castagno, quien deberá resolver si la homologa. Por lo tanto, todavía no hay una sentencia firme.